La Defensoría Pública Federal de los Distritos de Colorado y Wyoming, cuya Directora es la Lic. Virginia L. Grady, atiende estos dos estados y cuenta con sucursales en Denver, Cheyenne y Casper. 

Desde su fundación en el año 1975, nuestras oficinas han sido nombradas para proporcionarle asesoría y representación legal a aquellas personas que han sido imputadas o condenadas de delitos a nivel de primera instancia y en apelaciones en el Tribunal Federal de Primera Instancia, en el 10º Circuito del Tribunal de Apelaciones y en la Corte Suprema de Estados Unidos. 

Los defensores públicos federales de nuestras oficinas que trabajan a nivel de primera instancia y a nivel de apelaciones cuentan con reconocimiento tanto regional como nacional como líderes en el campo legal y con regularidad son llamados para que presenten ponencias en programas de capacitación continua por toda la nación. La Defensoría también lleva a cabo programas de capacitación para los abogados de Colorado y Wyoming que trabajan de abogados defensores con el grupo conocido como Abogados del Panel de Ley de Justicia Penal. 

Nuestros defensores públicos federales cuentan con un personal de apoyo integrado por personal administrativo, especialistas en sistemas de informática, asistentes y secretarias legales, investigadores e intérpretes federales. Todos están consagrados en tratar a las personas que representan con el respeto que se merecen y comprendiendo las difíciles circunstancias en las que se encuentran.

En 1963, el mismo año en el que se llegó al fallo sobre la causa Gideon, la Comisión de la Procuraduría General contra la Pobreza y para la Administración de Justicia Penal hizo esta observación:

“La supervivencia de nuestro sistema de justicia penal y los valores que fomenta dependen de un cuestionamiento constante, inquisitivo y creativo sobre las decisiones oficiales y la imposición de autoridad durante todas las etapas del proceso. Por consiguiente, el adecuado desempeño de la Defensa es tan vital para la salud de nuestro sistema judicial como el desempeño de la Fiscalía y la Judicatura. Al desempeñar esta labor fundamental, los abogados de la Defensoría Pública Federal están comprometidos a no ser facilitadores del sistema penal sino a abogar fehacientemente por sus clientes”.