El Bufete de la Defensoría Pública Federal de los distritos de Colorado y Wyoming, con localidades en Denver y en Cheyenne, sirve a los dos estados.  Desde la fundación del bufete en 1975, hemos proporcionado asesoría legal a las personas acusadas o condenadas por delitos que han sido asignadas a nosotros para defender, tanto en el tribunal federal de distrito como en el tribunal de alta instancia (de apelaciones) del 10° circuito y en la Corte Suprema de los EEUU.

El Lic. Dan Sears fue el primero en desempeñar el cargo de Defensor Público Federal para Colorado y Wyoming, seguido por el Lic. Mike Katz, y últimamente por el Lic. Raymond Moore, quien desempeñó su cargo de 2004 hasta 2013, año en que fue nombrado como Juez Federal de Distrito.  El nombramiento del nuevo Juez Moore coincidió con el cincuentenario del fallo de la Corte Suprema de Gideon v. Wainwright que hizo época porque requirió que los estados del país proporcionaran abogados a los acusados en casos penales a los cuales les faltaban recursos para pagar a sus propios abogados.  Por último, a la Lic. Virginia L. Grady se le nombró como Defensora Pública Federal Provisional en septiembre de 2013.

Los abogados de juicios y de apelaciones de nuestro bufete son reconocidos tanto al nivel local como en toda la nación como líderes en el ámbito legal y son invitados con regularidad para presentar ponencias en conferencias educativas en todas partes del país.  Nuestro bufete también realiza programas educativos para abogados de Colorado y Wyoming que trabajan con el grupo de abogados de la llamada Ley de Justicia Penal (Criminal Justice Act en inglés).

En su empeño de nuestros abogados les ayuda un personal capacitado que incluye a administradores, expertos en sistemas de computadoras, asistentes legales, paralegales, analizadores legales, e investigadores.  Todos se dedican al trato respetuoso a las personas defendidas, siempre con alto nivel de comprensión de las circunstancias difíciles vividas por ellas.

En el año 1963, tras el fallo de Gideon del mismo año, el Comité de la Procuraduría General Estadounidense Sobre la Pobreza y la Administración de Justicia Penal hizo esta observación:

La sobrivivencia de nuestro sistema de justicia penal y los valores que este sistema propone dependen de un cuestionamiento constante, inquisitivo y creativo tanto de las decisiones oficiales como de la imposición de autoridad en todas las etapas del proceso.  El debido desempeño de esta función defensora es, como resultado, tan esencial para la salud del sistema como es el desempeño de las funciones de la procuraduría y de la judicatura. 

Al realizar esta función, los abogados del Bufete de La Defensoría Pública Federal se comprometen a sus clientes como sus defensores y no como facilitadores del sistema.